Monsanto, entre la apropiación indebida y la publicidad engañosa

2012-09-18

La transnacional podría encontrar en Brasil un límite hasta ahora impensado: cinco millones de productores de soja le reclaman una fortuna por “apropiación indebida” de regalías.

En juego están unos 7.500 millones de dólares que los sembradores de soja de todo tamaño (pequeños, medianos y grandes), podrían cobrar de manos de la mayor empresa de agroquímicos del planeta.

En abril pasado, un juez de primera instancia de Rio Grande do Sul, Giovanni Conti, que entendía en un pleito presentado tres años antes por productores sojeros de ese estado, ordenó a la transnacional estadounidense dejar de cobrar regalías por la patente que detenta sobre una semilla de soja transgénica.

La patente, falló el magistrado, estaba vencida desde 2003. Conti intimó entonces a la empresa no solo a dejar de percibir el canon correspondiente (2 por ciento de la producción generada a partir de esa semilla) sino a devolver el dinero recaudado desde 2004, es decir unos 2.000 millones de dólares.

La transnacional apeló, pero a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de Brasil extendió la validez del fallo del tribunal riograndense a todo el territorio nacional.

Si la resolución de abril quedara firme, Monsanto debería pagar a los cinco millones de productores brasileños de soja –ya no únicamente a los miles de Rio Grande- unos 7.500 millones de dólares.

Todavía se está lejos de una resolución definitiva –se estima que antes de fines de 2013 no habrá novedades- pero la transnacional, que figura en la lista de las más resistidas y boicoteadas por los pequeños y medianos agricultores de todo el planeta, podría llegar a conocer un revés que jamás soñó.

De demandante a demandada

Habitualmente sucede a la inversa: es Monsanto la que denuncia a los agricultores ante la justicia para cobrar las regalías sobre los paquetes tecnológicos que les vende.

“Cuando no gana, presiona, chantajea, atemoriza, pero es raro que no termine saliéndose con la suya, porque allí donde se instala acaba montando un circuito redondo del que es difícil que alguien pueda salir”, dice Marie Monique Robin, una periodista francesa “especializada” en esta transnacional y autora de investigaciones como “El mundo según Monsanto”.

La historia de la transnacional en Brasil es, acaso, curiosa. Su soja genéticamente modificada, que comenzó a producir en los primeros años noventa en Estados Unidos, ingresó al país de contrabando desde Argentina hacia finales de esa década.

Durante varios años las semillas transgénicas de la oleaginosa estuvieron prohibidas en Brasil, pero no hubo esfuerzo que las frenara.

En 2005, el gobierno del presidente Lula da Silva legalizó el cultivo, según alegó porque no podía combatir el hecho consumado de su imposición, y después destinó millones y millones de dólares a desarrollarlo. A tal punto, que Brasil es hoy el segundo productor y exportador mundial de soja transgénica, que 17 de los 25 estados del país están sembrados con ella y que la famosa hojita verde de laboratorio genera el 26 por ciento de las exportaciones agropecuarias brasileñas.

La soja Roundup Ready (RR), genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup, fabricado por la propia transnacional, ocupa casi el 90 por ciento de los 25 millones de hectáreas de territorio brasileño sembradas con la oleaginosa.

Por usar esa semilla patentada, los productores brasileños deben pagarle un 2 por ciento de su cosecha anual en royalties al comprarla, y otro 2 por ciento cuando venden su cosecha.

“La ley prevé el derecho de los productores de multiplicar las semillas que compran, y en ninguna parte del mundo se cobra con la producción final. Los productores están pagando un impuesto privado sobre la producción”, comentó una de las abogadas de los productores demandantes, Jane Berwanger.

Paradójicamente, Monsanto no debe hacer frente esta vez en Brasil a ninguno de sus oponentes tradicionales (agricultores familiares, productores de otros rubros, sindicatos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, comunidades nativas) sino a quienes son objetivamente sus aliados, los productores sojeros que han incorporado sin mayor drama una tecnología que multiplica sus ganancias.

“No hay como Monsanto para esquilmar”, decía recientemente la francesa Robin.

Más allá de esta situación, no se escucha entre los sojeros reclamos por los daños sanitarios y ambientales generados por los productos que Monsanto elabora y ellos utilizan, o por el desplazamiento hacia las periferias urbanas de decenas de miles de campesinos expulsados por el avance de la soja, o por la amenaza que la oleaginosa representa para el Cerrado, un área de 2 millones de quilómetros cuadrados que concentra el 5 por ciento de la biodiversidad mundial.

Aun así, dijo un productor lechero de una pequeña localidad de Rio Grande, “toda dificultad de Monsanto hay que celebrarla”. Máxime cuando no es la única que la transnacional enfrenta en Brasil, y en especial en ese estado del sur del país.

A fines de agosto, un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre condenó a la empresa a pagar al Estado 500.000 reales (unos 250.000 dólares) por una “publicidad engañosa” sobre la soja transgénica.

El aviso, de 2004, promovía las “bondades” del producto de laboratorio cuando éste todavía estaba prohibido en Brasil.

Monsanto “enalteció un producto cuya venta estaba prohibida y no aclaró que sus pretendidos beneficios son muy cuestionados en el medio científico”, dice el fallo del juez instructor del caso, Jorge Antonio Maurique.

Si la sentencia es ratificada, Monsanto deberá pagar el cuarto de millón de dólares y además difundir una publicidad en la que consten los efectos negativos de los productos con los que modifica las semillas de soja.

Fuente: Rel-UITA

Daniel Gatti – Rel-UITA
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/09/brasil-monsanto-entre-la-apropiacion.html

UEL 2004

32- Considere os acontecimentos relatados a seguir. O advogado criminalista S. Holmes está indignado com a decisão da delegada Mary Watson que declarou que o inquérito sobre a morte do publicitário J. Jamenson “será conduzido em sigilo” pela polícia. Jamenson caiu, na madrugada de ontem, do apartamento do empresário T. H. Lawrence, do 9º andar de um prédio localizado na Viera Souto, avenida beira-mar no nobre bairro de Ipanema. O empresário afirma que a queda foi acidental, mas, por enquanto, a polícia não descarta as hipóteses de suicídio ou homicídio. Para Holmes, a decisão de manter o inquérito em sigilo só ocorreu “porque os envolvidos pertencem à elite carioca”. Segundo ele, no artigo 20 do Código de Processo Penal, é dito que todos os inquéritos são sigilosos, “mas quando se trata de gente pobre, a polícia divulga tudo”. A delegada Watson nega que o sigilo esteja relacionado “à posição social dos envolvidos”. Mas, segundo ela, porque “há casos em que o assédio da imprensa dificulta a investigação”. De acordo com a crítica levantada pelo advogado S. Holmes, o evento revelaria a presença de ao menos três situações que afetam as relações sociais e a justiça no Brasil. Assinale a alternativa que indica corretamente quais seriam essas situações.
a) Isonomia da lei; igualdade de cidadania entre as classes; discriminação racial.
b) Imparcialidade da justiça; exibicionismo das elites; favorecimento às castas superiores.
c) Igualdade formal perante a lei; comprometimento da justiça por causa do assédio da imprensa; discriminação étnica.
d) Lentidão da justiça; reconhecimento da diferença e da autonomia entre as classes sociais; preconceito de gênero.
e) Parcialidade da justiça; privilégio dos grupos sociais dominantes; preconceito de classe.
resposta: E

UEL 2003

32 – “Não há como deixar de reconhecer-se nas motivações sociais que conduziram aos saques, nas regiões de seca no Nordeste, ou nas periferias urbanas das áreas de desemprego, suficiente fundamento ético-jurídico constitutivo do direito de comer.” (SOUZA JR., José G. de. Fundamentos ético-jurídicos do direito de comer: a propósito de saques e do estado de necessidade. Brasília, Universidade de Brasília, mimeo, [s.d.].)
Assinale a alternativa que apresenta o argumento contrário ao trecho citado acima.
a) “Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade.” (Antonio Souza Prudente)
b) “A justiça não deve encontrar o empecilho da lei.” (Evandro Lins e Silva)
c) “Uma sociedade justa não é aquela que adotou leis justas de uma vez por todas, mas sim uma sociedade onde a questão da justiça permanece constantemente aberta.” (Cornélio Castoriadis)
d) “Não há escusas para o descumprimento da lei senão naqueles casos em que ela mesma concede tal benefício.” (Celso Ribeiro Bastos)
e) “Não pode ser considerado esbulhador [usurpador] aquele que ocupa uma terra para fazer cumprir a promessa constitucional de reforma agrária.” (Mauro Almeida Noleto)
resposta: D

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